Por Ana Sofía Peláez: ACTUALIZADO 20 DE MAYO DE 2020
Artículo originalmente escrito para el Nuevo Herald
Cuando se está viviendo en tiempos sin precedentes, es tentador querer volver al momento en que todo pudiera haber sido diferente, corregir los errores, encontrar un mejor camino para seguir adelante. La Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade tuvo esa oportunidad este mes cuando la comisionada y candidata para la alcaldía, Daniella Levine Cava, propuso legislación para requerir que los contratistas privados del condado, provean siete días de licencia por enfermedad remunerada a sus empleados.
En lugar de discutir la actual crisis de salud pública y la necesidad de crear ambientes seguros para que las personas puedan regresar al trabajo, los Comisionados Esteban Bovo y Rebeca Sosa estaban más interesados en jugar al politiqueo de la Guerra Fría que en discutir medidas para aminorar la propagación del coronavirus o para contrarrestar el próximo brote mortal.
Cava propuso legislación similar en febrero, en conjunto con licencia familiar remunerada, pero el voto fue diferido. Unos cuantos, pero interminables meses de cuarentena después, y con la economía en ruinas, Cava presentó su argumento nuevamente. Un informe de auditoría demostró que un incremento marginal en costo a los contratos sería compensado por ausencias reducidas y aumento en productividad. Más importante aún, ante la realidad del COVID-19, reduciría el riesgo de que los empleados que trabajan de cara al público, como guardias de seguridad y personal de mantenimiento, se presenten al trabajo enfermos o se expongan a colegas enfermos. La ironía de que los comisionados estuvieran reunidos virtualmente, para evitar posibles contagios mientras votaban en contra de la legislación, pasó desapercibida.
En sus comentarios, Bovo comparó la licencia por enfermedad remunerada a políticas implementadas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. De hecho, estas medidas son obligatorias para los contratistas federales y se ofrece a los empleados a tiempo completo del Condado Miami- Dade. Once (11) estados de la nación ya han adoptado la licencia por enfermedad remunerada, sin que estas políticas los convirtieran en distopías comunistas.
Por su parte, Sosa comparó la licencia por enfermedad remunerada a los mandatos gubernamentales que le obligaron a huir de su patria, aunque después reconoció que el gobierno puede, y debe, crear pautas para el sector privado en circunstancias tales como un huracán o un virus. Esta contradicción demuestra la pobreza intelectual de su argumento, y cómo se ha convertido en un reflejo para los políticos locales llamarle comunismo a cualquier política pública con la que estén en desacuerdo.
La licencia por enfermedad remunerada no es comunismo, es sentido común, y sus constituyentes saben la diferencia. En una reciente encuesta en línea de Change Research, los votantes del Condado Miami-Dade apoyaron en un 82% la licencia por enfermedad remunerada, sin que hubiera diferencia en ese apoyo entre grupos raciales, grupos étnicos o por preferencias políticas. Estos resultados serán de aún más relevancia en un futuro cercano para Bovo quien se está postulando para ser alcalde del condado.
Mientras nos hemos acostumbrado al uso de esa retórica sensacionalista para neutralizar y censurar el debate serio, el COVID-19 ha destapado el peligro de inyectar temas trillados de la Guerra Fría en una discusión sobre normas de salud pública.
También subestiman a las comunidades que alegan representar –muchas de las cuales escaparon dictaduras que no valoraban su labor, no consideraban su bienestar, e ignoraban sus voces y reclamos. Como hija de refugiados cubanos, estoy cansada de que usen el dolor y trauma de nuestra comunidad en sus jugadas políticas para apoyar argumentos infundados, o peor, como excusa para negarle servicios básicos y alivio a aquellos que atraviesan dificultades económicas. Necesitamos representantes electos que nos guíen hacia la recuperación y la regeneración, no hacia el resentimiento y la regresión.
Cuando la licencia por enfermedad remunerada primero se presentó en la reunión de la Junta de Comisionados en febrero, Bovo la comparó con una limosna y fue citado diciendo, “¡Noticia de última hora! Alguien tiene que pagar por esto”.
El Departamento de Salud de la Florida ha reportado más de 40,000 casos de coronavirus a nivel estatal y el Condado Miami-Dade está proyectando casi $300 millones en pérdidas de ingresos fiscales, y parece que todos estamos pagando por ello. Para Bovo y Sosa y los comisionados que no apoyaron la legislación en este segundo y último intento, fue una lección no aprendida. Si una pandemia global no es suficiente para lograr que los líderes locales comprendan la necesidad de tener salvaguardias de salud pública para trabajadores esenciales en un una crisis, ¿qué lo será?
Ana Sofía Peláez, co fundadora del Miami Freedom Project.
